Prevaricato

El delito de prevaricato se configura cuando una autoridad competente emite un dictamen que contradice la ley citando pruebas inexistentes, hechos falsos, o apoyándose en leyes supuestas o derogadas.

El prevaricato es una figura jurídica que se constituye cuando un juez o fiscal dicta una resolución manifiestamente contraria al texto claro y expreso de la ley, perjudicando a las partes en un juicio.

El prevaricato es un delito configurado por los funcionarios públicos que alegan hechos falsos o citan pruebas inexistentes en sus dictámenes.

La figura legal del prevaricato tiene como finalidad la protección del correcto y normal funcionamiento de la administración pública.

Dicha institución es entendida como una actividad sustentada por principios fundamentales como son el de la independencia, la legalidad, la imparcialidad y la igualdad.

Es decir que la existencia y previsión de una figura jurídica como el prevaricato en una legislación, tiene la función de garantizar que en la administración de justicia los funcionarios resuelvan de manera objetiva los conflictos, sin beneficiar a ninguna de las partes intencionalmente.

Según la doctrina existen dos tipos de prevaricato: el prevaricato de derecho y el prevaricato de hecho.

En el prevaricato de derecho, un juez o fiscal emite dictamen o dicta una resolución a sabiendas de que es contraria al texto expreso y literal de la ley.

En algunas ocasiones, se comete prevaricato de derecho cuando el funcionario argumenta la sentencia con leyes derogadas o inexistentes.

En el prevaricato de hecho, el juez o el fiscal invocan hechos falaces, que nunca existieron, o bien que no pueden ser constatados ni probados. No es un error argumentativo del funcionario sino que la actuación es dolosa e ilícita.

En la resolución emitida por la justicia cuando hay delito de prevaricato, el análisis valorativo del juez o fiscal que emite el dictamen no representa el aspecto central o naturaleza del delito sobre el que se decide judicialmente.

En síntesis, el prevaricato o prevaricación es un ilícito penal cometido por funcionarios públicos, que dictan sentencias injustas a sabiendas del perjuicio causado a las partes.

Es decir que el dictamen judicial no está ajustado al texto de la ley, por eso se considera que la conducta y decisión del juez o fiscal es reprochable e ilícita.

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