El delito penal de estafa es el que se comete produciendo un daño o perjuicio contra la propiedad o el patrimonio de una persona, generalmente sobre la base del engaño. Por ejemplo se solicita una entrega de mil euros como seña para la adquisición de una residencia que no existe. El bien jurídico que protege la ley ante la estafa es el patrimonio, derivando en consecuencias legales de acuerdo a la legislación de que se trate.
Si bien existen diversas modalidades, la manera más habitual de cometer el delito es el modo activo, aunque la omisión o acto de no informar algo (modo pasivo) también constituye el delito de estafa.
Según la gravedad del valor afectado, las lesiones contra la propiedad o el patrimonio pueden constituir una falta y no necesariamente una estafa, las que son juzgadas por la justicia de instrucción en lugar de la justicia penal.
El delito de estafa se consuma cuando, a través del engaño y con la intencionalidad (dolo) de obtener un beneficio, se induce a otro a disponer de su patrimonio cometiendo un error que le produce un perjuicio económico a sí mismo o a un tercero.
En la actualidad, este concepto legal incluye la manipulación informática como modalidad para lograr una transferencia patrimonial sin consentimiento del titular de la cuenta bancaria.
El delito puede cometerse mediante nombres falsos, empresas fantasmas, maniobras fraudulentas, uso de un poder imaginario, causando temor sobre un suceso, generando una ilusión o esperanza sobre un hecho.
La penalidad es la prisión en la mayoría de las legislaciones, dependiendo su duración de la cuantía de la estafa. Además del importe de la defraudación, los criterios para la aplicación de la pena consideran el quebranto económico ocasionado al perjudicado, la vinculación entre éste y el defraudador, la modalidad empleada y cualquier otra circunstancia que permita valorar la gravedad de la infracción.
