Lesa humanidad refiere a aquellas conductas inhumanas generalizadas o sistemáticas que causan graves sufrimientos contra una población civil. Por la aberrante naturaleza de dichos actos, los crímenes de lesa humanidad ofenden, agravian e injurian a la humanidad en su conjunto a través de tortura, violación, prostitución forzada, esclavitud sexual, asesinato, exterminio, encarcelación, secuestro y persecución por motivos religiosos, políticos, raciales, ideológicos o cualquier otro.
El término lesa significa agravio, daño, ofensa o injuria, por lo que lesa humanidad se refiere a las acciones que ofenden o agravian a la humanidad en su conjunto. Por la gravedad de su carácter, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir que no hay plazos ni límites para juzgar a quienes tienen la responsabilidad por haberlos cometido.
El concepto de crímenes de lesa humanidad surgió por los crímenes atroces cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, desconocidos en ese momento. El Estado alemán a través del liderazgo del nazi Adolf Hitler, llevó adelante el exterminio, persecución y destrucción de grupos étnicos y religiosos especialmente judíos, considerados sus enemigos.
El genocidio fue llamado shoá, que en hebreo significa devastación, y holocausto (holocaustum en latín) que significa sacrificio, comprendió la desaparición forzada de personas, la supresión de identidad de menores bajo la justificación de la “limpieza étnica”.
En el contexto de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se constituyó el Tribunal de Nürenberg para dar lugar al juzgamiento de los responsables del nazismo. Asimismo, se formó la Corte Penal Internacional cuyo propósito es resolver los conflictos cuya consecuencia es la comisión de delitos o crímenes de lesa humanidad.
En la Argentina se cometieron delitos de lesa humanidad en los años 1976 a 1983 durante la última dictadura militar en el autodenominado Proceso de reorganización nacional.
Integrantes de las fuerzas de seguridad, militares y civiles cómplices persiguieron, torturaron, secuestraron, suprimieron la identidad de recién nacidos, privaron de su libertad y asesinaron en forma sistematizada a más de 30 mil personas por motivos ideológicos, en su mayoría jóvenes estudiantes y obreros menores de 35 años, a través de lo que dio en llamarse Terrorismo de Estado.
Durante el gobierno constitucional y democrático de Raúl Alfonsín en 1983 se formó la CONADEP (Comisión nacional sobre la desaparición de personas) que recibió las denuncias de familiares y allegados de las víctimas para elevarlas a la justicia civil, que dio juzgamiento a los responsables en juicios por crímenes de lesa humanidad que aún continúan en la actualidad.
