El derecho constitucional es una rama del derecho público que se basa en el estudio de la Constitución Nacional, ley suprema fundamental que rige a un Estado. Es el que regula y delimita los alcances del poder público, de los órganos del Estado como institución política, sus prerrogativas y sus límites como así también los de sus gobernantes, y las garantías del derecho público subjetivo de cada ciudadano que habita en una nación.
El derecho constitucional recibe este nombre fundado en el texto normativo que es la Constitución. Es decir que la sistematización de las reglas jurídicas de esta rama del derecho (concernientes a la organización y formas en que el Estado ejerce su autoridad) están contenidas en un documento único que es la Constitución Nacional.
La Constitución Nacional es el elemento ordenador por excelencia del Estado, que consiste en un conjunto de leyes escritas, emanadas del poder constituyente del pueblo soberano.
La Constitución es la ley fundamental que rige para todo el país prevaleciendo por encima de toda otra norma, y debe ser respetada por todos los ciudadanos en la totalidad del territorio nacional.
La rigidez de la Constitución, impide que sea modificada salvo a través del procedimiento que ella misma establece y bajo determinadas condiciones excepcionales.
Su estructura consta de un preámbulo, la parte dogmática que establece los derechos fundamentales que se deben garantizar, y la parte orgánica que se refiere a la división de los poderes del Estado en ejecutivo, legislativo y judicial.
El derecho constitucional establece principios doctrinarios como la protección del Estado de derecho (es decir el sometimiento del Estado a un ordenamiento jurídico), la soberanía del pueblo (poder constituyente) y los derechos fundamentales del hombre que son esenciales en la salvaguarda de la dignidad humana.
Entre las características principales del derecho constitucional pueden sintetizarse la de ser un límite para el gobierno, y a su vez una ley básica de garantías para los ciudadanos.
Sin embargo los gobiernos de facto, encabezados generalmente por militares, no dudaron en anular la supremacía de la Constitución violando derechos inalienables del ser humano como son la integridad física y la libertad.
